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Características del artículo

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Style: Ankle Boots US Shoe Size (Women's): US 8.5
Country/Region of Manufacture: Portugal Pattern: Solid
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En julio de 2017, y entre comadreos y refunfuños, el Parlamento venezolano designó a los magistrados que conformarían el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) legítimo. Por persecuciones, la mayoría huyó al exilio. Y desde otras naciones americanas han tenido que ejercer sus responsabilidades.

Pero han seguido y es lo esencial. Los magistrados, muchos en Miami o en Bogotá, no invierten su tiempo en visitas a la playa o en paseos. En cambio, son quienes lideran —y frente a la timidez de muchos asambleístas— la ofensiva institucional contra el régimen dictatorial de Venezuela. Sus últimas sentencias se han encauzado tanto en cimentar el terreno legal para la captura y el enjuiciamiento de Nicolás Maduro como para el desconocimiento de la ilegítima Asamblea Nacional Constituyente.

Han sesionado en Washington y en el Senado colombiano. Son muchos, poderosos, los que le han brindado su espaldarazo. Y, frente a los recelosos, han demostrado que no son simplemente una institución simbólica. Que son algo más y que quizá puedan asumir un papel decisivo en una eventual transición.

PanAm Postconversó con Miguel Ángel Martín Tortabu, presidente de este TSJ, ahora en el exilio. El abogado, catedrático, juez de carrera y antiguo decano de la Universidad José Antonio Páez habló sobre el reconocimiento de las naciones al Tribunal que preside y la forma en la que la comunidad internacional se puede articular con los magistrados. También sobre el rechazo —o el “escepticismo” como él le llama— que guardan algunos actores de la presunta “oposición” sobre el TSJ. Aseguró, además, que los venezolanos disfrutan de una oportunidad única y sugirió que la solución a la anarquía que ha generado el régimen chavista puede no ser convencional.

Este lunes fue la reunión del Consejo de Seguridad de la ONU, bajo la Fórmula Arria, para tratar el caso de Venezuela. La convocó Estados Unidos y usted fue uno de los invitados. ¿Esto quiere decir que un país como este reconoce al TSJ en el exilio como una institución legítima?

Sin duda. La embajadora Nikki Haley nos hizo una invitación para participar en la Fórmula Arria, en el Consejo de Seguridad de la ONU, con el propósito de dar nuestro aporte como venezolanos y como Tribunal frente a uno de los grandes flagelos del mundo. Y, por supuesto, que afecta al continente y a nuestro país.

¿Cuáles otros países han respaldado al TSJ? 

Nosotros hemos sido recibidos formalmente por el Gobierno de Colombia —no solo por el Ejecutivo, sino por el Legislativo y por el Judicial—. También hemos sido recibidos por el Gobierno de Chile, el de Panamá y el Español. Hemos sido recibidos en el Parlamento Europeo. Y también por distintos funcionarios y órganos de los Estados Unidos.

¿Esto implica un reconocimiento del TSJ como institución? Es decir, ¿los reconocen a ustedes y no al que está en Venezuela? 

Venezuela es un Estado forajido. Y lo es precisamente porque no existe independencia de poderes, ni separación entre estos. Y no hay un Estado de derecho. Las personas que hoy dirigen el régimen tienen un control de todo el poder político en Venezuela. Se aferran a este control. Y los jueces en Venezuela están en un estado de sumisión del Poder Ejecutivo.

Entonces, nosotros como magistrados fuimos designados de forma legítima por la Asamblea Nacional, que, a su vez, cumplió un mandato del pueblo, producto de una consulta popular. Esto significa que por primera vez en Venezuela existen magistrados del TSJ que tienen una legitimidad de origen, no solo desde el punto de vista legal, sino también democrático. Porque es producto de una consulta popular.

El reconocimiento que nosotros siempre hemos buscado —y siempre hemos querido, y que gracias a Dios tenemos— es el reconocimiento de la ciudadanía y del pueblo de Venezuela. Por eso es que el TSJ, que me honra presidir, se ha concentrado en crear un cuerpo de decisiones que permita desnudar el establecimiento de un Estado anárquico y forajido y, a su vez, logre el quiebre del régimen para transitar hacia una Venezuela de bienestar, sustentada en los pilares de una verdadera democracia.

Ese reconocimiento lo hemos tenido precisamente porque nuestras actuaciones han sido legítimas y en consonancia con lo que el país requiere de los jueces que integran el TSJ.

Los jueces que están en Venezuela, sentados y usurpando unas funciones de magistrados: primero, están cometiendo el delito de usurpación, y, además, están arrodillados a la Asamblea Nacional Constituyente. Y para agravar su situación, están a espaldas del pueblo porque sus acciones no contribuyen a mejorar ni a resolver los problemas de los venezolanos.

En nuestro caso, como magistrados del TSJ —además del reconocimiento del pueblo y de la comunidad internacional— tenemos un reconocimiento de nuestro Poder Legislativo, que no solo nos designó, sino que ha avalado la integración de nosotros como un Tribunal.

Es decir, el reconocimiento a los magistrados va mucho más allá: cuando nosotros integramos el Tribunal, cumpliendo con lo que establece nuestra legislación y Constitución, logramos el reconocimiento de parte de la Asamblea Nacional. Y es así cómo, en el momento de nosotros integrarnos en la Organización de Estados Americanos (OEA), recibimos una comunicación formal de parte de quien en ese entonces era el presidente de la Asamblea, el diputado Julio Borges —hoy lamentablemente en el exilio—; y también hemos tenido diferentes actos formales de reconocimiento de parte de la Asamblea Nacional venezolana —específicamente en el caso del enjuiciamiento contra Maduro por corrupción y legitimación de capitales—. Ese juicio no hubiese sido posible si no hubiese sido autorizado por la Asamblea Nacional. Y como recordarás, se realizó una sesión en la cada uno de los diputados voto individualmente, fueron 152 votos a favor y tres en contra —si mal no recuerdo—.

Esto implica que nuestra Asamblea autorizó al Tribunal a enjuiciar a Maduro. Una vez enjuiciado condenado, por el convencimiento que se obtiene de las pruebas, nuevamente la Asamblea Nacional, en un acto inédito, sesiona y avala nuestra decisión —quizá porque la consecuencia de nuestra sentencia condenatoria es que se produce, legalmente, la vacancia del cargo de la Presidencia de la República—.

Es decir: el Tribunal condenó a Maduro a prisión. 18 años y tres meses. Lo condenó a pagar una multa de USD $25 millones por haber recibido sobornos de Odebrecht; y también ordenó que reintegre a la República USD $35 mil millones por los daños cometidos a la nación…

Lo voy a interrumpir acá… Eso último es fundamental. Efectivamente hay un reconocimiento al TSJ por parte de naciones importantes. Esto implica un desconocimiento del que usurpa, el de Venezuela. Ahora, ¿qué papel pueden jugar estas naciones para que esa sentencia, a la que usted se refiere, se ejecute? O ¿qué papel debería jugar la comunidad internacional que ha reconocido al Tribunal? 

La comunidad de naciones, perfectamente, después de hacer un estudio jurídico, puede llegar a, y este es el mensaje que nosotros estamos enviando, la convicción de que Maduro ejerce ilegalmente la presidencia.

Jurídicamente, y dentro del campo del derecho internacional, trae unas consecuencias importantes. Para la comunidad internacional, en primer lugar, Maduro no representa a Venezuela. Su firma no tiene ningún valor. Por lo tanto, toda relación mercantil o acuerdo comercial que pueda hacer Venezuela por intermedio del régimen que ilegalmente preside Maduro, no está dentro del marco legal y así debe asumirlo la comunidad internacional.

De hecho, la vacancia de la presidencia, producto de la condena por corrupción a Maduro, lo que hace es traer una adición más a un hecho que ya la comunidad internacional había establecido. Es bueno recordar esto: Maduro es producto de una elección espuria o ilegal, y la misma comunidad internacional ya había establecido que no era una presidencia legal. Por lo tanto, se ratifica el ejercicio ilegal de esa Presidencia de la República y es bueno advertirle a la comunidad internacional que las relaciones con Venezuela, desde el punto de vista comercial —o desde el punto de vista diplomática—, las está haciendo frente a un régimen autoritario que no tiene una base legal.

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¿Pero cuáles podrían ser algunas acciones concretas? Usted ha conversado con Gobiernos de diferentes países, ha establecido diálogo con naciones… Tomando en cuenta eso, ¿qué acciones concretas que pueda tomar la comunidad internacional para que esa sentencia se ejecute —entendiendo que ustedes exhortaron a las fuerzas de seguridad de Venezuela a que lo hicieran, y obviamente no lo hicieron ni lo harán; y han exhortado a Interpol, y eso quedó en el aire—?

Nosotros no exhortamos a las fuerzas de seguridad del Estado de Venezuela a que hicieron algo. Nosotros les ordenamos a estas autoridades que cumplan con su deber.

En Venezuela existe una reserva moral del componente militar. Y estamos precisamente llamando a esa reserva moral para que cumpla con su deber cuando bien lo disponga.

El Tribunal va a reconocer, y con honor, el deber cumplido que hagan los componentes de las Fuerzas Armadas. Así como también a las autoridades policiales que viven en Venezuela.

La orden librada a Interpol es una orden internacional y eso le va a corresponder y es competencia de las policías internacionales, empezando por la base que se encuentra en Francia.

¿Pero sí es vinculante?

Nosotros libramos la orden y después Interpol tendrá que determinar.

En este caso, no es un juicio político y por eso es que yo he hecho tanto hincapié en eso. Es un juicio penal. Cuando se trata de casos políticos, Interpol no se involucra. Sin embargo, en Venezuela tenemos esa gran dificultad.

En Venezuela tenemos dos fiscales: uno en el exiliolegítimo, y otro que es ilegítimo pero que está en el país. Tenemos dos Asambleas, una Constituyente que es la de Maduro y la que fue designada por el pueblo. Y existen dos tribunales: uno en el exilio, que deriva de esa elección popular en segundo grado —porque es producto de una designación del poder legislativo legítimo— y tenemos un Tribunal usurpado por unas personas.

Es decir, en Venezuela tenemos como un mundo bizarro entre el bien y el mal. Y a la comunidad internacional le estamos poniendo precisamente el peso del bien o el mal y aquí cada quien tendrá que elegir.

Es bueno apuntar que uno de los mecanismos que nosotros les hemos pedido a los países amantes de la democracia —y así le entregamos ayer una comunicación a la embajadora de los Estados Unidos en la ONU—, que como un tributo a Kofi Annan, el difunto secretario general de las Naciones Unidas, quien fue el artífice de la Convención Internacional de Delincuencia Organizada, conocida como Convención de Palermo; consideramos que esa es una herramienta importante para lograr la libertad para nuestro país. Porque activando la justicia transnacional de esta delincuencia organizada, nosotros —y precisamente a raíz del juicio del caso de Odebrecht— logramos el convencimiento de que existe un entramado criminal que involucra a varios Estados —específicamente a Brasil, República Dominicana, Venezuela—.

Se utilizaron vehículos financieros sospechosos como el fondo chino. Un fondo creado en Brasil por PDVSA y una empresa brasileña. Hay órdenes de pago libradas a bancos suizos. A bancos en Antigua. Estamos hablando de millones de dólares que están circulando por el mundo y habría que hacerles el seguimiento. Y creemos que esto es una conspiración internacional que tiene como herramienta usar la corrupción para financiar incluso asentamientos terroristas que existen en Venezuela.

¿Y todo parte de Venezuela?

No. Yo no creo. Yo creo que esto es una conspiración internacional y Venezuela forma parte de esto. Su función no es solo controlar Venezuela —como ya lo está—, sino controlar otros países de la región.

Por eso es que este problema de Venezuela, que vivimos nosotros los venezolanos, no es solo simples actos de corrupción —¡ni siquiera un acto de dictadura de un país latinoamericano!—. En mi opinión, va mucho más allá.

Para mí esto es una conspiración internacional que tiene como finalidad, conjuntamente con el arma de la corrupción y el narcotráfico, financiar grupos terroristas y desestabilizar la región.

Por eso es que nosotros advertimos, no solo a la embajadora de Estados Unidos, sino a los países que me corresponde visitar, que el no solucionar el problema de la región —y que tiene el pueblo de Venezuela— es afectar la seguridad nacional de países como el mismo Estados Unidos.

Pero ¿qué es ayudar a solucionar? ¿Más sanciones? 

Sí. Precisamente una de las cosas que estamos pidiendo es activar la justicia transnacional. Es decir: que los países amantes de la democracia —no solo Estados Unidos, claro— activen esta Convención de Palermo; abran los juicios que correspondan; dicten las medidas de congelamiento de dineros y de bienes de los esquemas financieros sospechosos; detengan a las personas, que en su mayoría pueden ser testaferros o familiares o cercanos. De esta manera podríamos presionar para lograr el cambio definitivo en nuestro país.

Es decir, lo que se está buscando es que haya más presión para que ocurra algo. 

El trabajo de nosotros como Tribunal se ciñe estrictamente a lo que está en la Constitución. Nuestro deber es advertirle a las otras naciones sobre la amenaza de un germen que está creciendo en el continente.

Sin embargo, nosotros como venezolanos, tenemos intactos nuestros valores. El pueblo de Venezuela se mantiene en una constante resistencia, civil y pacífica, y ese es precisamente el mecanismo que va a lograr los cambios en Venezuela. Amén de que en Venezuela existe una reserva moral a la cual nosotros estamos llamando para que ponga orden y coto al problema interno.

Los venezolanos tenemos el recurso humano para crear una transformación y una reconstrucción del país, basado en el bienestar para las futuras generaciones y las que están por venir.

Hay muchos que, una vez que los magistrados tuvieron que trasladarse al exilio —por razones bien justificadas—, tratan de menospreciar el papel del TSJ. Dicen que es un ente simbólico, que realmente no representa nada. Que lo que hacen es dictar sentencias, pero que eso jamás trasciende. ¿Qué piensa sobre esto? 

Cuando ocurre un drama como el que está ocurriendo en Venezuela, es lógico que exista una desmoralización. Y precisamente una de las armas más fuertes del régimen —de ese mal que se ha posado en Venezuela— es quitarles la esperanza a los venezolanos.

Por eso es que yo hago hincapié en que están intactos los valores del pueblo de Venezuela y que este se mantiene en la lucha con la resistencia civil.

Hay muchas formas para luchar contra las acciones de un régimen con todas las características de ser considerado anárquico. Y tenemos varios ejemplos: no es solo el Tribunal. Fíjese cómo en la OEA, a través de la figura del secretario general y su grupo de asesores, ha hecho un trabajo loable por la lucha por la democracia, no solo en Venezuela sino en otros países del continente. A pesar de que no hemos tenido suerte en el Consejo Permanente para implementar los votos que activen la Carta Democrática Interamericana.

Sin embargo, la presión y la lucha que ha tenido el secretario general Luis Almagro ha promovido más bien votos. Estamos muy cerca de lograrlo en el Consejo Permanente.

También vemos cómo un grupo de cancilleres se erigen como luchadores de la democracia y en un bastión importante, a través del llamado Grupo de Lima. Observamos ahí que está un grupo de cancilleres de distintos países que están presionando para hacer los cambios en los países como Venezuela.

Tenemos otro caso inédito como un grupo de más de 30 expresidentes. Es este grupo, llamado IDEA, en el cual también estos expresidentes han hecho un trabajo importante por la lucha por la democracia.

Es decir, en la medida en la que el delito internacional avanza y ocupa espacio en diferentes países, también la ley y las herramientas de la democracia avanzan. Y por eso tenemos estos ejemplos.

El hecho de que tengamos un grupo de magistrados que haya integrado el TSJ de una forma legítima, salvando el tema de la territorialidad, y que solo se le permite determinar y conocer casos de control de la constitucionalidad, de derechos humanos, de delitos de lesa humanidad y también de delitos transnacionales de naturaleza económica y financiera, como son los casos de corrupción, es precisamente, desde el punto de vista legal, admisible. Válido. Y desde el punto de vista de la legitimidad de ejercicio, también es aplaudible porque en el caso de los magistrados nos unimos para continuar luchando por nuestro país de una manera limpia, objetiva y futurista. Y tratando de vencer cualquier obstáculo, que incluye incluso a los escépticos.

Porque entendemos que el régimen nos adversa. Y aquellos sectores de la oposición, o demócratas, que no están de acuerdo con el Tribunal, pues nosotros los invitamos a que vean el trabajo que hemos realizado. Un cuerpo de decisiones que ha desnudado al régimen.

Nosotros hemos logrado el inicio de la transición en Venezuela.

Hay sectores, presuntamente opositores, que aseguran que el TSJ en el exilio está subordinado al ala más «radical» de la oposición. ¿Esto es así? 

No. El Tribunal está subordinado es al pueblo. A lo que quiere el pueblo. Nosotros hemos sabido escuchar el sentir de la población. La población quiere que cumplamos, como jueces, con nuestro deber. Y eso es lo que hemos venido haciendo. Cumpliendo con nuestro deber.

Todas y cada una de las decisiones —y las acciones que hemos tomado— están en la Constitución y están en la ley.

Perfecta.

Porque la comunidad está clara que quienes rigen los destinos en Venezuela lo hacen de una forma ilegal y no para el bien de los venezolanos. El pueblo está claro en que esas personas no los representan. La sociedad civil está clara en que tiene que haber un cambio. Y los actores políticos tienen que tomar la decisión que corresponda, dándole la lectura a estas circunstancias.

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